La publicación por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de un fichero con los nombres y retribuciones del personal de Administración ha desatado la polémica estos días, provocando incluso un aluvión de demandas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Sindicatos como CSIF han llegado a calificar de “atroz” este acto, afirmado que el Gobierno regional pone en peligro la intimidad y la seguridad de su personal. Para echar más leña al fuego, la CARM anuncia al mismo tiempo que no tiene intención de hacer lo mismo con el personal del Servicio Murciano de Salud y el personal docente, creando así un evidente agravio comparativo entre el funcionariado.

La Ley de Transparencia regional es clara en este sentido. En su artículo 13.2.a), relativo a la información institucional, organizativa y de recursos humanos, establece que estarán sujetos a publicidad activa “las relaciones de puestos de trabajo, plantillas, catálogos de puestos o documento equivalente, referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus ocupantes y su relación jurídica, así como de sus retribuciones anuales”. Por lo tanto, parece que la decisión de la CARM de publicar estos datos está amparada por la Ley. Así mismo, el Consejo de la Transparencia Regional, ha indicado que también deben publicarse los sueldos de médicos y docentes, ya que la publicidad activa afecta a todos los “entes, entidades, organismos y sujetos”.

A la vista de estas primeras interpretaciones y reacciones podríamos afirmar que la Comunidad ha actuado conforme a Ley con la publicación de los sueldos de sus funcionarios, pero que no interpreta adecuadamente su propia norma dejando fuera a otro tipo de personal público y, aún más, se peca de improvisación cuando el propio presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, reconoce que ha sido un error no consultar previamente a la AEPD. Por lo que parece, tampoco se ha tenido en cuenta la opinión del Consejo de la Transparencia.

Haciendo un paréntesis a la cuestiones políticas, que evidencian la arrancada de caballo (con cierta torpeza) de la Administración regional en temas de transparencia, ponemos ahora el foco en la cuestión jurídica. Para Julián Valero, experto en Derecho y TICs de la Universidad de Murcia, la cuestión clave puede estar en la proporcionalidad de la medida, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a una norma legal que limita un derecho fundamental. Aquí hay que atender a tres elementos clave: el personal afectado y su derecho a la intimidad, el evidente interés público de estos datos (nos aporta información valiosa sobre el destino de fondos públicos, uso de libre designación, etc.), sin olvidar las cuestiones jurídicas de su formato de difusión (open data),  que permiten la libre reutilización (corresponsabilidad, no lo olvidemos) de estos datos. No es, desde luego, una cuestión sencilla.

Continuando con los aspectos jurídicos, el rango constitucional del derecho de acceso a la información pública queda patente en el artículo 12 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero establece su conexión no con alguno de los derechos fundamentales, sino con el artículo 105 b) de la Constitución Española. Es decir, estamos ante un derecho de menor rango que el derecho a la intimidad, aunque en este caso entren otros valores en juego.

¿Qué priorizamos? Otro foco, de nuevo más político, estaría en determinar si la publicación de los sueldos de los funcionarios tiene más interés público que otro tipo de información y debe priorizarse sobre otros temas aún opacos en la Administración regional. Un buen ejemplo son las comisiones de investigación todavía secretas dentro de la Asamblea, que nos nos permitirán ver los debates y las comparecencias en temas de especial interés como Corvera o la desaladora de Escombreras, dos pozos negros para las arcas regionales. Podemos observar por un lado la arrancada de caballo, y, por el otro, la frenada de burro.

¿Cuál es mi opinión? Que la información que nos aportan las RPTs es valiosa, para saber, por ejemplo, el grado de politización de la Administración Pública. Que los sueldos y complementos asociados a un puesto de trabajo tienen que conocerse. Y que también tenemos derecho a saber los nombres, para arrojar luz, por ejemplo, sobre la endogamia que presentan los entes públicos. Pero ello hay que hacerlo con la Ley en la mano, con todos los informes jurídicos sobre la mesa, el discurso y la determinación clara; para esto, y también para otras cosas que precisan transparencia.

¿Cómo lo hacen otras Administraciones regionales? Para realizar una pequeña comparativa, acudimos a dos Comunidades punteras en materia de Transparencia y Open Data: País Vasco y Aragón.

En Aragón, a través de una aplicación informática instalada en su Portal de Transparencia, se puede acceder a la RPT, con toda la información de los puestos de trabajo de los distintos departamentos, con nombres y apellidos. En lo relativo al sueldo, lo que se hace es indicar el nivel y complementos, para lo que se aporta una tabla para comprobar qué retribución corresponde a cada uno de estos.

Información sobre los puestos de trabajo. Gobierno de Aragón
Información sobre los puestos de trabajo. Gobierno de Aragón

En el País Vasco, lo que se hace, a través de Open Data Euskadi, es publicar en formato abierto la relaciones de puestos de trabajo con los departamentos y organismo autónomos de la Administración autonómica, con la información del puesto de trabajo y sus respectivos complementos pero sin especificar el nombre del funcionario.

Como pueden observar, existe bastante disparidad entre cómo presentan diversas Administraciones estos datos. Seguramente, en el caso de Murcia y en el punto en el que nos encontramos (me pregunto por qué no se hizo ya cuando se preparaba la Ley), lo ideal sería alcanzar un consenso con los empleados y sus representantes sobre la forma de presentar los datos. En cualquier caso, la transparencia es un camino inevitable que ha de recorrer cualquier ente, organismo o persona que perciba un sueldo público.

Actualización:

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha retirado del Portal de Transparencia el fichero con los datos de los sueldos del personal público. Ver Noticia.

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos se ha alineado con la postura de los funcionarios públicos, indicando, por un lado, que no se cumplió el trámite de dar audiencia a los representantes de éstos (ya apuntábamos que habría sido una buena solución de consenso a la hora de decidir cómo publicar la RPT), y por otra parte, que no existía habilitación legal para publicar determinada información (además de las  nóminas), en referencia a datos sobre si el trabajador tiene o no carnet de conducir, sus titulaciones, si está siendo sustituido o el tipo de jornada. Ver Noticia.

Esta interpretación de la AEPD pone en tela de juicio el propio contenido de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, que claramente habilita a identificar el puesto, quien lo ocupa y su retribución. Otro cantar serían otra categoría de datos, que, por otro lado, insisto, vuelven a aportarnos información valiosa acerca, por ejemplo, del sobre coste de la Administración Pública por cuestiones relacionadas con sustituciones, bajas, etc., y tampoco estaría mal conocer el nivel de absentismo. Otra cosa es que asignemos los nombres y apellidos a este tipo de información.

Lo que sí ha quedado claro en toda esta polémica es el complejo “enjuague” jurídico que en la práctica suponen las iniciativas de transparencia en torno a derechos constitucionales como la protección de datos de carácter personal, la intimidad y el acceso a la información pública. Para ello, será preciso hacer el esfuerzo por alcanzar un consenso entre todos los actores implicados, entre los que incluyo a la ciudadanía y su “derecho a saber”. Todo esto, también hay que señalar, no tiene nada que ver con el exhibicionismo que se ha denunciado desde algunos sectores. Esto va de poder tener una democracia de mayor calidad y Administraciones más eficientes y eficaces. La transparencia no solo desinfecta y previene la corrupción, también obliga a los actores públicos a mejorar la gestión.

Otro reto que habrá que abordar será respetar de forma meridiana el papel que tiene que jugar el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia a la hora de interpretar la aplicación de la Ley, actuando (y dejando que actúe) como lo que es: un órgano independiente que debe mediar y arbitrar en las discrepancias que puedan surgir a la hora de aplicar la Ley. A la vista de la polémica surgida, no estaría nada mal que el Consejo de la Transparencia nacional adoptara una serie de criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de transparencia activa en relación a las RPTs.

Más información:

Informe del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) sobre la publicación por parte de la CARM de las retribuciones de los funcionarios. 

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*Imagen de Portada: extraída del portal de transparencia de la CARM.