Transparencia Internacional España ha presentado una batería de 40 medidas para prevenir y luchar contra la corrupción con el objetivo de que los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre las incorporen en sus programas electorales. El documento es el resultado del trabajo desarrollado en el seno de la Comisión sobre Medidas legales y sociales contra la corrupción, una mesa en la que Transparencia Internacional ha sentado a jueces, fiscales anticorrupción, miembros de las fuerzas de seguridad, de organismos de control, antifraude y tributarios, así como de universidades y ONGs.

La propuesta de Transparencia Internacional, estructurada en cuatro grandes bloques, es sin duda ambiciosa y recoge algunos de los principales reclamos para frenar la corrupción y sobre regeneración democrática que han centrado en los últimos tiempos el debate académico, político y social.

Entre las medidas para prevenir la corrupción política e institucional, destacan propuestas como elevar el control financiero de las fundaciones de los partidos políticos en el ámbito de aplicación de Ley de Transparencia; la incompatibilidad por Ley para ser al mismo tiempo cargo público y cargo orgánico de un partido; la limitación de mandatos; la supresión de la figura del “aforamiento”; así como apartar de las listas electorales y cargos públicos a los imputados y condenados por delitos de corrupción. En este apartado, se hace una apuesta clara por la despolitización e independencia de las instituciones judiciales y órganos de supervisión y control, incluida la modificación del sistema de elección de los fiscales, además de enfocar medidas para luchar contra los paraísos fiscales, y legislar sobre los denominados “lobbies” o “grupos de interés”.

Por su parte, para frenar la Corrupción en las Administraciones Públicas, se apuesta por la profesionalización de la gestión pública, eliminando recursos como la “libre designación” y limitando por ley el número máximo de personal eventual. Los expertos y expertas de Transparencia Internacional ven imprescindible, a su vez, aplicar un régimen estricto de incompatibilidades a los cargos públicos en todos los niveles de Administración y una regulación exhaustiva de los conflictos de intereses para acabar con las “puertas giratorias”. Se pone también el acento en la necesidad de dotar de más medios a la justicia (vital para investigar casos de corrupción cada vez más complejos, extensos y sofisticados), aumentando de forma urgente el número de jueces para colocarnos en la media europea.

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Las privatizaciones de bienes públicos están igualmente en el punto de mira, exigiéndose un estricto control jurídico, financiero y de transparencia. Otro aspecto innovador es extender las medidas de transparencia en el ámbito de la contratación pública, en lo que se refiere a las obligaciones de publicidad activa, también a las empresas adjudicatarias, a las que además se les exigiría hacerse responsables de los sobrecostes injustificados cuando se ejecuta un contrato con la Administración.

Para la Administración Local, una de las medidas más interesantes sería la eliminación del sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros. Se aporta asimismo un mayor control democrático (por parte del Pleno) en el caso de informes no favorables de éstos.

La sanción y represión contra la corrupción se completaría, entre otras medidas, con la incorporación al código penal del delito de enriquecimiento ilícito y exigencias de responsabilidad civil para los partidos políticos. La cooperación internacional se configura también como una exigencia clave en materia de prevención del blanqueo de capitales, de la corrupción y de los delitos fiscales.

Por último, la batería de propuestas se completa con medidas de transparencia y control social de la corrupción. Aquí, ocupa un lugar fundamental el establecimiento de medidas legales para proteger al denunciante de la corrupción (ciudadanía, empresas, funcionariado) así como un sistema de incentivos para fomentar las denuncias.

Todas estas propuestas de Transparencia Internacional, muchas de ellas extensamente demandadas por la opinión pública, están ahora en manos de los partidos políticos. Está por ver si las incorporarán o no a sus programas electorales y, aún más importante, si las llevarán a cabo en caso de ostentar responsabilidades de Gobierno. Contra la corrupción ya no caben excusas.

Puedes leer la propuesta íntegra de Transparencia Internacional en este enlace.