Desde hace cuatro años, la Fundación Compromiso y Transparencia elabora un informe sobre “transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas”. Desde 2012, año en el que se publicó el primer análisis, la universidades públicas españolas han mejorado notablemente sus resultados en transparencia y rendición de cuentas. La aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha sido sin duda clave: hemos pasado de no contar con ninguna institución universitaria “transparente” en 2012 a que 16 de ellas sean calificadas como tales en 2015. La incorporación de las universidades públicas a la “cultura de la transparencia” es fundamental habida cuenta del relevante papel que cumplen en nuestra sociedad, sin olvidar el dinero y capital humano que mueven: más de 8.500 millones de euros de presupuesto, con más de 1.300.000 estudiantes.

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno incluye a las universidades públicas dentro de su ámbito de aplicación en lo referente a la obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Desde su entrada en vigor, no es de extrañar que hayan proliferado dentro de las web institucionales de las universidades las secciones de transparencia, proporcionando con ello un acceso más sencillo a toda la información relevante de la institución. En los portales de transparencia de las universidades, al igual que en los de las Administraciones públicas, se facilita información relativa a planes estratégicos, recursos humanos, presupuestos, contratación, patrimonio y normativa, así como otros datos específicos del sector académico, como los estudios ofertados, información sobre becas, desarrollo de investigación científica, e informes sobre rendimiento académico e inserción laboral y empleabilidad de los estudiantes titulados.

Las sedes electrónicas (espacios web en los que realizar distintos trámites en un entorno digital seguro) y el perfil del contratante (anuncios de licitación y de adjudicación, pliegos, y apertura de ofertas) también proliferan en los entes universitarios. En el ánimo debe estar dejar atrás las épocas negras en la contratación universitaria, que quedaron de manifiesto, por ejemplo, en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid, que denunciaba múltiples irregularidades en la contratación en cuatro universidades públicas madrileñas (Alcalá, Autónoma, Politécnica y Rey Juan Carlos) en el periodo 2011-2013.

La Cámara de Cuentas de Madrid destapó irregularidades en la contratación de las principales universidades públicas entre 2011 y 2013

En la misma línea, a principios del año 2015, el Tribunal de Cuentas aprobó el informe de fiscalización realizado a 47 universidades públicas, correspondiente a 2012, en el que llama la atención sobre distintas deficiencias en aspectos contables y presupuestarios y falta de implantación de un sistema de contabilidad de costes. A su vez, alertó de la necesidad de control sobre entidades dependientes o vinculadas a las universidades que, según el Tribunal, eran usadas para huir de los controles internos y del control presupuestario y de gestión, aumentando el margen de discrecionalidad en la gestión del personal y la contratación.

Las universidades públicas españolas mueven anualmente en sus presupuestos más de 8.500 millones de euros

Las obligaciones impuestas por la Ley Transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, o el RD-Ley sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo (en lo que se refiere a la necesidad de relacionar los ingresos por los precios públicos con los costes de la prestación del servicio, aplicando contabilidad analítica) avanzan hacia una gestión de las universidades más transparente, participativa y eficiente.

La evolución es marcada en estudios como el que presenta la Fundación Compromiso y Transparencia, que en esta ocasión analiza la transparencia activa o voluntaria en 49 universidades públicas y 26 privadas, presentadas en dos rankings diferentes. Por primera vez, 16 universidades públicas y tres privadas son calificadas como “transparentes”. En 2012, ninguna de ellas lo consiguió, mientras que en 2013 solo lo lograron dos de ellas (Cantabria y Carlos III). En esta ocasión, las universidades más transparentes son Carlos III de Madrid, Cantabria y Alcaldá, también de la Comunidad de Madrid. Las tres alcanzan la nota máxima: 26 puntos que se correspondes con los 26 indicadores del estudio. Entre las universidades privadas, aparecen como “transparentes” (Nebrija,  Vic – U. Central de Catalunya, y Oberta, también de Cataluña).

Ranking de transparencia de las universidades públicas españolas. Fuente: Fundación Compromiso y Transparencia (2015). Click en la imagen para ampliar.
Ranking de transparencia de las universidades públicas españolas. Fuente: Fundación Compromiso y Transparencia (2015). Click en la imagen para ampliar.

Los indicadores de publicidad activa que mide el informe de Compromiso y Transparencia se refieren a distintos aspectos como la misión de la institución, su plan estratégico, personal, órganos de Gobierno, oferta y demanda académica, profesorado, alumnado, información económica y resultados académicos.

Indicadores de transparencia y evolución de las universidades españolas. Fuente: Fundación Compromiso y Democracia. Click en la imagen para ampliar.
Indicadores de transparencia y evolución de las universidades españolas. Fuente: Fundación Compromiso y Transparencia (2015). Click en la imagen para ampliar.

El reto del Gobierno Abierto en la Universidad pasa no solo por aplicar una mayor transparencia en la gestión, sino también, como señala Ortiz de Zárate, por una gobernanza abierta y colaborativa, una investigación abierta, la apertura de fondos, materiales, etc., y por supuesto por iniciativas de apertura de datos con la posibilidad de reutilización de los mismos.

En este sentido, en junio de 2014, la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE-TIC) elaboró una serie de recomendaciones para impulsar y ayudar a las universidades a poner en marcha iniciativas de datos abiertos propias, con el objetivo de facilitar un acceso abierto al conocimiento.

CRUE Universidad Abierta

Las iniciativas de Open Data aún son incipientes dentro de las universidades españolas. La pionera fue la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que presentó su catálogo de datos abiertos en febrero de 2014. Por ahora, cuenta con 13 conjuntos de datos, principalmente relativos a datos presupuestarios, aunque se están incorporando los relativos a los consumos energéticos dentro del centro. Otras universidades como Alicante, Granada y Pompeu Fabra también han lanzado su oferta de datos abiertos.

*Imagen de portada: Universidad de Bohemia del Sur, de uso libre by pixabay.com